En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

En este contexto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y esto bajo la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza.